Amazonía: dos modelos en pugna.

La magnitud del conflicto amazónico solo puede explicarse porque expresa el conflicto entre dos modelos de desarrollo en pugna.
El modelo primario-exportador, de extracción de materias primas, ha sido llevado a su extremo con la política neoliberal.

Si en la sierra lo que ha sido dominante ha sido la minería, en la selva ha sido el petróleo y el gas. Pero en ambos casos, sierra y selva, minería y petróleo, los efectos económicos y sociales han sido similares: muy pocos empleos generados; severos efectos ambientales que impactan sobre la salud de la población; y deterioro de la agricultura y la pesca de la que viven los indígenas, mestizos y campesinos de esas zonas. En la selva, esto se agrava con la extracción salvaje de madera y oro, con amenazas a futuro provenientes de las nuevas concesiones mineras y para etanol.


En ambas regiones hay casos emblemáticos.En la selva, la zona del río Corrientes explotada por Pluspetrol, ha generado que más del 90% de los niños tengan niveles tóxicos de cadmio en la sangre; en la sierra, ha sido Doe Run en La Oroya el que se lleva el premio. En ambos casos, se ha logrado alguna vigilancia ambiental gracias a la presión ciudadana, pero las empresas y el estado incumplen los compromisos asumidos de limpieza y reparación de los daños ocasionados.

“Perro del hortelano”

La teoría del “perro del hortelano” de Alan García lleva al extremo este neoliberalismo. Según lo escrito por García Pérez, todos esos efectos ambientales negativos no existen, porque “en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas…” (seguramente se refiere al caso de La Oroya, ¿o será a Cerro de Pasco?). A su juicio, los indígenas no basan su economía en esas tierras: “Hay millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar”, ¿de qué creerá García que viven los indígenas y campesinos?, ¿del aire?

Progreso y oportunidades

El propio Antonio Brack Egg, actual ministro (desaparecido) del Ambiente, nos mostró en decenas de reportajes las posibilidades económicas de la selva peruana.

Varias de estas experiencias se desarrollan con los indígenas. En Madre de Dios, hay negocios de turismo ecológico hechos en convenio entre empresarios extranjeros y comunidades nativas. En la selva de Loreto, hay pueblos indígenas explotando de manera sostenible la madera. El desarrollo de piscigranjas, por parte de comunidades nativas, ha sido favorecido por nuevas tecnologías del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y promovido por gobiernos regionales como el de San Martín. Comunidades wajún han avanzado en su actividad productiva con piscigranjas y mejoras de su cultivo del cacao apoyados por la ONG SAIPE. La propia AIDESEP, hoy reconocida por representar a los indígenas y organizar su movilización, tiene décadas de experiencias exitosas en proyectos de salud y educación.

Hay, además, una gran riqueza por aprovechar en nuestra amazonía. El bosque es un sumidero de carbono, prestando así un gran servicio a la humanidad en estos tiempos de calentamiento global, servicio que debe ser pagado por los países desarrollados que son los grandes contaminantes. La biodiversidad nos puede permitir desarrollar muchos productos de gran valor, sobre todo medicinales, nutricionales y de cuidado personal.

Aprovechar la riqueza ecológica de la amazonía, priorizando sus recursos renovables en vez de limitarse a extraer petróleo, oro y madera “a la mala”, tiene como gran ventaja su sostenibilidad. El petróleo y el oro, con toda seguridad, se acabarán. El bosque, si se le cuida, no.

Petróleo: ¿de todos los peruanos?

El último argumento de Alan García es que el petróleo es de todos los peruanos, y que 400 mil nativos (así dice él en su desinformación o demagogia) no pueden ir en contra de 26 millones de peruanos.

Bueno, yo soy parte de esos millones de peruanos que no somos indígenas. Pero resulta que cuando se vende la empresa Petro-Tech, que extrae el petróleo peruano, su dueño el sr. Kallop dejó de pagar US$ 270 millones de dólares de impuestos. Así lo estableció una Comisión Investigadora del Congreso dirigida por un aprista, es decir, no de la oposición sino del gobierno.

Pero no se ha movido un dedo para cobrar ese dinero. ¿Tendrá esto alguna relación con los vínculos de Mr. Kallop con la campaña electoral de Alan García que un medio de circulación nacional revelara semanas atrás?

Además, por cierto, prácticamente toda la explotación petrolera en el Perú es hecha por trasnacionales. Petroperú ya no explora ni explota petróleo, como sí lo hacen ENAP de Chile, Pemex de México, Petrobras de Brasil o Ecopetrol de Colombia, para hablar solamente de países vecinos que no registran cambios políticos más nacionalistas como Venezuela, Bolivia o Ecuador.

Además, cuando se concesionaron los lotes petroleros, el ex ministro y congresista aprista Rómulo León, junto con el aprista Manuel Químper vicepresidente de Perúpetro, y el sr. Fortunato Canaán a quien el ex premier aprista Jorge del Castillo visitaba en su suite y que hacía costosos regalos al ex ministro aprista Hernán Garrido-Lecca, hicieron un “faenón”.

¿Disculpe, Sr. García, ese petróleo que pertenece a los 26 millones de peruanos, podría decirnos más o menos cuánto nos beneficia a los 25 millones 999 mil 900 peruanos que no somos del cogollo del gobierno? Lo cierto es que los impuestos y regalías pagados por el petróleo en las últimas décadas no llegan ni al 5% de los ingresos del Estado.

Democracia y economía

Pero la gran cuestión en debate hoy es si cualquier propuesta de desarrollo para la selva peruana puede hacerse en contra de sus habitantes, indígenas y mestizos. Para el neoliberalismo extremo, como el petróleo y el oro valen mucho, no importa que su explotación les cueste la vida a los pueblos que allí habitan desde milenios atrás. Al extremismo ideológico le sale su vena autoritaria.

Hay otra posibilidad. La de un desarrollo de la amazonía y de la sierra que sea económico y social, con su gente y no contra ella, mediante acuerdos y no puras imposiciones, que respete el medio ambiente y sea sostenible. La extracción de petróleo, oro y madera pueda darse, en este esquema, de una manera limitada, cuidadosamente regulada y en acuerdo con los pueblos indígenas. Solo así, la riqueza de nuestra amazonía servirá para que la mayoría de peruanos, y sobre todo los más pobres, se vean beneficiados por esa riqueza que, como dice la Constitución, le pertenecen a la Nación, y no al señor Alan García.

Por:

Los nativos de la Amazonía: libran batallas por la Humanidad y la Vida. ...no dejarlos solos.

Desde hace cincuenta días, las comunidades indígenas de la Amazonía peruana están en pie de lucha exigiendo la derogatoria de los decretos legislativos promulgados por el gobierno de Alan García, servil lacayo de las corporaciones multinacionales, en el marco del entreguista Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,cuyo propósito es promover la inversión privada en las tierras indígenas que llevará irremediablemente a la destrucción de uno de los últimos reductos de la Naturaleza, algo que las comunidades amazónicas, que integran a unos 300 mil indígenas, rechazan.
Róger Rumrrill, experto en temas amazónicos autor de varios libros sobre la Amazonía, analiza en la siguiente entrevista el actual conflicto amazónico, así como el futuro que podría tener esta protesta, y recuerda la criminal y genocida marginación de los indígenas verdaderos propietarios de esas tierras.
¿Cuáles serían los efectos sobre la Amazonía si se mantienen los decretos legislativos que las comunidades indígenas exigen se deroguen?

Si estos decretos se mantienen, en el corto plazo las tierras amazónicas pasarán a propiedad de las corporaciones petroleras, mineras, de agua, productoras de biocombustibles; y en el mediano horizonte la Amazonía estaría destruida y los pobladores indígenas convertidos en proletarios. La lucha contra estos decretos es una lucha por la supervivencia de las comunidades amazónicas y de su cultura. Los indígenas están defendiendo su vida
-El gobierno argumenta que estos decretos llevarán la modernidad y el desarrollo a la Amazonía.

Eso es falso. Modernidad no es destruir la naturaleza, el sistema de reproducción de la vida, que es lo que ocurrirá si se impone el modelo del gobierno. Modernidad es lo que plantean los indígenas, que es un uso ambiental sostenible de sus recursos. El desastre ambiental que afecta al planeta es producto del modelo capitalista de desarrollo, que implica el saqueo de los recursos naturales. Ese modelo es insostenible y de ninguna manera va a llevar desarrollo a las poblaciones amazónicas, a lo que va a llevar es a la destrucción de la Amazonía.

-El ministro Antonio Brack asegura que la producción petrolera y la explotación de bosques se harán conservando el medio ambiente y traerá beneficios para las comunidades indígenas.

-Si se venden los bosques, muchos serán destruidos para producir biocombustibles.Ya hay cuatro millones de hectáreas de bosques en proceso de venta. En ningún lugar del mundo hay explotación petrolera limpia, que no contamine.

La Amazonía tiene 78 millones de hectáreas, de las cuales 53 millones ya están lotizadas, con severos impactos ambientales.

Un ejemplo de las consecuencias de la explotación petrolera es lo que ocurre en los lotes 1AB y B, en los ríos Tigres y Corrientes, que en los últimos diez o quince años han generado 16 mil millones de dólares de utilidades, pero las poblaciones indígenas aledañas a esos lotes no solamente viven en la pobreza, sino que por la contaminación producida por la explotación petrolera tienen enfermedades irreversibles.

Hay 24 lotes petroleros que están sobrepuestos a 200 comunidades indígenas y una gran cantidad de lotes están en áreas de conservación nacional. Eso es totalmente irregular. La explotación petrolera en tierras indígenas solamente debería darse si las comunidades propietarias de esas tierras la aceptan… El presidente García ha dicho que los indígenas no son dueños de los recursos naturales que están en sus tierras, porque según la Constitución esos recursos son del Estado.

-Con la política del gobierno los dueños de esos recursos van a ser las corporaciones. El Estado es dueño del subsuelo, pero no puede cometer la injusticia, la aberración, de utilizar lo que está dentro de las tierras indígenas sin siquiera consultarles. Pero el gobierno no le consulta a nadie, actúa como un patrón implacable.Los indígenas han sido acusados de querer permanecer en el atraso.

-Decir que los indígenas son enemigos del progreso es una satanización, una deformación de sus reivindicaciones. Los indígenas quieren el progreso, pero no con el esquema de las multinacionales. Ellos quieren manejar sus bosques, hacer alianzas estratégicas con empresas de turismo, hacer piscicultura. No están planteando quedarse en la etapa del buen salvaje.

El gobierno asegura que los indígenas se oponen a estos decretos porque han sido engañados y son manipulados por intereses políticos.

Es una falacia decir que los indígenas son manipulados. Ellos están organizados, saben lo que quieren y están absolutamente conscientes de sus reivindicaciones y de sus intereses. Decir que son manipulados es la expresión del más asqueroso racismo y de un desprecio a los pueblos indígenas, es negar su inteligencia y su capacidad de decisión. Ese es el discurso de los extirpadores de idolatrías. Solamente falta que digan que los indígenas no tienen alma.

-¿Cree que en la mesa de diálogo entre el gobierno y las comunidades amazónicas se llegue a un acuerdo?

-No soy optimista sobre esta negociación. El gobierno revela su cinismo cuando dice que quiere dialogar, pero al mismo tiempo denuncia a los dirigentes indígenas. Creo que esta mesa es para dilatar las cosas… -Si no hay acuerdo en esta negociación, ¿qué salida le ve a este conflicto

El gobierno no tiene la voluntad de derogar estos decretos y solucionar el conflicto, y tendrá que ser obligado a derogarlos a través de la presión de distintos sectores en todo el país. La solución pasa porque los frentes de defensa regionales, partidos políticos, gremios, sindicatos, las comunidades andinas, se sumen a la batalla de las comunidades indígenas amazónicas, que es una lucha pacífica. En la medida que se logre una acumulación de fuerzas y otros sectores se sumen a la lucha indígena, se puede lograr que el gobierno retroceda y alcanzar un triunfo. Esta no es solamente una batalla indígena, es una batalla de todo el país por su soberanía y sus recursos.

-¿Cuánto tiempo más podrán sostener los indígenas esta protesta?
-Pueden sostenerla meses y años. Esta es una guerra del fin del mundo, porque es la guerra por la vida. La capacidad de resistencia de los indígenas es muy grande.

“Con el gobierno de Alan García hemos retrocedido cien años”

La población indígena amazónica que ahora se ha levantado contra los decretos legislativos que afectan sus tierras es una población históricamente discriminada…

-Discriminada, despojada, masacrada. Durante la explotación del caucho, entre fines del siglo XIX y la segunda década del siglo XX, los extractores de caucho esclavizaron a la población indígena y murieron 50 mil indígenas. Hasta los años setenta todavía se vendían esclavos indios en la plaza de armas de Atalaya. Esto cambió en forma radical en 1974, cuando el gobierno de Velasco promulgó la ley de comunidades nativas, que reconoció la identidad de los indígenas, el derecho a la propiedad de sus territorios y que calificó las tierras indígenas como inembargables, inalienables e imprescriptibles. Las reivindicaciones indígenas empezaron con esa ley.

-¿Ahora estamos en un período de retroceso respecto a los derechos de los indígenas?

-El retroceso comenzó en 1993 con la Constitución fujimorista, que eliminó la mayor parte de las garantías para las comunidades nativas. En los gobiernos de Toledo y García ha continuado ese proceso de retroceso…

-¿Qué tan grave es ese retroceso durante el actual gobierno?

-Con este gobierno hemos retrocedido cien años, a la época del primer gobierno de Leguía, cuando en 1909 se dio una ley que desconoció los derechos de los indígenas sobre sus tierras y señaló que la Amazonía era un espacio vacío que había que ocupar vendiendo, alquilando o dando en concesión las tierras. Esa ley permitió la creación de grandes haciendas en la Amazonía. Alan García es el nuevo Leguía de la Amazonía, porque, como Leguía, García piensa que la Amazonía es un espacio vacío que debe ser entregada al gran capital y que los indígenas significan atraso. -¿Esta protesta de las comunidades amazónicas es, más allá de la exigencia de la derogatoria de estos decretos, una lucha de reivindicación histórica de los derechos y la identidad indígena?

Efectivamente, esta lucha es parte de una lucha reivindicativa de los indígenas contra un adversario que los amenaza hace siglos. Con esta lucha los indígenas se cohesionan y refuerzan su identidad. Esta rebelión indígena puede adquirir un carácter mesiánico, en el sentido de convertirse en una lucha por recuperar ese universo perfecto ahora quebrado, que está en la concepción milenarista de los indígenas. Ese milenarismo y mesianismo le da una gran fuerza a esta lucha. Esta protesta indígena puede convertirse en la segunda gran rebelión panamazónica de la historia, después de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, en 1740.